Tarifa plana en autónomos societarios – Sentencia ganada

La Tesorería General de la Seguridad Social suele fundamentar sustancialmente la denegación de la pretendida bonificación en que los beneficios en la cotización establecidos en la disposición legal mencionada, no son de aplicación a los trabajadores autónomos que sean socios/administradores de sociedades de capital en tanto que, por un lado, la inclusión en el RETA de dichos trabajadores viene determinada por la DA 27ª de la LGSS; y por otro, entienden que las sociedades de capital gozan de personalidad jurídica propia diferenciada de la de sus miembros, por lo que la responsabilidad de los socios está limitada al capital aportado y no responden con su patrimonio personal de las deudas que eventualmente contraigan (viene siendo una especie de criterio interno y sin respaldo legal que distingue entre empresarios personas físicas y empresarios personas jurídicas).

No obstante esta interpretación de la tesorería, lo cierto es en base a la interpretación que hace esta parte, según el sentido propio de las palabras de la Ley y en relación con el contexto en el cual fue dictada:

  • Las bonificaciones tienen como objetivo fomentar el emprendimiento y apoyar los emprendedores desde sus comienzos (Véase la exposición de motivos de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización que introduce la tarifa plana).
  • Se consideran emprendedores, a efecto de aplicación de la ley, aquellas personas, independientemente de su condición de persona física o jurídica, que desarrollen una actividad económica empresarial o profesional. (arts. 1 y 3 Ley 14/2013).
  • Las DA 35 y 35 bis LGSS, se refieren a los trabajadores por cuenta propia sin más restricciones o diferenciaciones entre los tipos de autó
  • Tras la modificación del Estatuto del Trabajador Autónomo, se integra la famosa “tarifa plana” en dicho Estatuto (art 31), por lo que, desde octubre 2015, el nuevo marco de referencia para la tarifa plana pasa a ser el Estatuto del Trabajador Autónomo. De acuerdo al art 1.2 del Estatuto del Trabajador Autónomo: Se declaran expresamente comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley, quienes ejerzan las funciones de dirección y gerencia que conlleva el desempeño del cargo de consejero o administrador, o presten otros servicios para una sociedad mercantil capitalista, a título lucrativo y de forma habitual, personal y directa, cuando posean el control efectivo, directo o indirecto de aquélla, en los términos previstos en la disposición adicional vigésima séptima del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio. Es decir, ahora con la inclusión de las bonificaciones/reducciones en el Estatuto del Trabajador Autónomo, la intención del legislador no deja lugar a dudas sobre que no existe ninguna discriminación entre trabajadores del RETA, puesto que ese Estatuto es de aplicación a los Administradores y los socios de una sociedad mercantil capitalista y por tanto lo son también sus bonificaciones y reducciones ahora reguladas en el art. 31 de dicha norma.

Por otra parte, la cotización de los autónomos es personal, por tanto es personal el pago de las cuotas. Eso supone que quien ha de sufragar ese gasto es la persona física que se da de alta en el RETA con la forma societaria que sea pero NO la sociedad. Es más, si en algún caso se generaran deudas con la Seguridad Social por el impago de estas cuotas, la Administración procederá a reclamárselas a la persona física socia administradora, que es el sujeto obligado, no a la sociedad de capital. Por lo que el argumento de que tenga limitada la responsabilidad por las deudas, para nada guarda relación con las cuotas de la Seguridad Social que siempre son personales tal como prevé el artículo 43.1 del Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre.

No nos parece por tanto que el legislador quisiera operar una discriminación entre el trabajador autónomo sin más y el trabajador autónomo que decide constituir una sociedad. Por ello, concluimos que no convencen los argumentos defendidos por la Tesorería que además operan una distinción y discriminación injusta no prevista en la normativa.

Con estos argumentos hemos planteado la cuestión al TSJ de Galicia Sala 4ª que en Sentencia  de 8 de junio de 2017 dictada en PO 4349/2016 nos da la razón y además condena en costas a la Tesorería.

Dice la Sentencia, citando otro supuesto idéntico, que la demandante es una trabajadora autónoma, que entra dentro de la definición contenida en la ley, y es una cuestión que no se discute. La cuestión referente al no reconocimiento de las bonificaciones responde a una interpretación de la Administración que no se encuentra recogida legalmente, puesto que en la normativa expuesta no se dice que para el supuesto  en  que  se  encuentra  la  demandante,  no proceda tal reconocimiento, cuando los incentivos creados por la ley son para los trabajadores de alta en el RETA, que no se refiere expresamente, ni para incluir ni para excluir, a los socios que tengan el control  efectivo  de  las  sociedades  mercantiles, cuando además y como ocurre en este caso, se trata de dos socias que constituyen una sociedad y que por consecuencia ha de entenderse que crean empleo, por lo que ha de concluirse en el mismo sentido que en la sentencia   más   arriba   parcialmente   transcrita, considerando que la bonificación se les tiene que aplicar igual porque se trata de reducir el desempleo juvenil a través del autoempleo y el emprendimiento y lo cumplen igual que los demás.

El examen de la disposición adicional trigésimo quinta bis del Texto refundido de la Ley general de la seguridad social, introducida por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, y de la Ley 31/2015, de 9 de septiembre, por la que se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo, así como la circunstancia de que la cotización de los autónomos es personal, no ofrecen elementos que amparen la interpretación pretendida por  la  Administración,  no  advirtiéndose  en  la normativa de aplicación razones para llegar a las consecuencias limitativas o excluyentes asumidas en dicha interpretación ofrecida por la Administración.

En consecuencia, procede la estimación del presente recurso, la anulación de la resolución administrativa impugnada y con reconocimiento del derecho de la demandante a que se le aplique la reducción-bonificación instada en vía administrativa y a que se le reintegre el exceso de las cantidades abonadas como consecuencia de su no aplicación desde el inicio de la actividad económica y con aplicación del interés legal del dinero.

Descarga: Sentencia Tarifa Plana Autónomo Societario

 

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